¿Y ahora qué hacemos?

La política económica del gobierno nacional afectó las cuentas de los gobiernos locales y se replantea la calidad de servicios que vuelven con los impuestos y cuál es el tope de suba que tolera la economía de cada lugar. 

Los cordobeses nos acostumbramos a ver obras y tener servicios de regulares para arriba. En Colonia Caroya, sin ir más lejos, hubo grandes mejoras en infraestructura, pero todas fueron con aportes nacionales y provinciales. Esos fondos ya no llegan.

La Constitución Nacional delimita las competencias de la Nación y reserva a las provincias la educación básica y media, la salud pública, la asistencia social y el desarrollo urbano. 

El gobierno nacional se ciñe a esa letra y tampoco manda más los aportes extraordinarios para transporte, docentes, jubilaciones. En este escenario, ¿cómo se financian los intendentes para mantener los servicios y las mejoras?

Cada cual recauda por dos vías: 

- La coparticipación provincial: un porcentaje del IVA y de Ganancias nacionales. Varía según la población.

- Las tasas inmobiliaria, al comercio y la industria y a los automotores. 

Hasta ahí llegó el amor.

Al parecer, hay ciudadanos que lo entienden. Por ejemplo, en el pago del Impuesto Inmobiliario y Automotor, la Provincia registró un 26 por ciento más de pagos, a pesar de las quejas por lo que aumentaron.

Si un intendente tiene que hacer frente a más gastos porque se quedó solo frente a la Caja vacía, su límite es que no puede subir más de lo que la ciudadanía puede pagar porque se quedará sin aportantes. Pregunten cuánto bajó la recaudación en Jesús María. No vayan más lejos.

Eso evaluó Paola Nanini en Colonia Caroya y subió las tasas 30 puntos menos que los gobernantes vecinos.

Para llevar agua a su molino, la “nueva casta” de libertarios y radicales con peluca se vale de una doble vara que aplica a diario, con cuotas de violencia, intolerancia y mentiras encubiertas en dosis variadas.

En esa tónica, critica a los intendentes de los lugares donde es oposición, pero no dice nada de los “impuestazos” o “tasazos” de los gobernantes de su propio espacio. Por ejemplo, en el Departamento Colón, Mendiolaza aplicará un incremento del 230 por ciento y La Granja del 220 por ciento, pero al agua la aumentará cerca de un 400 por ciento. 

La coherencia no se declama, se pone en práctica. Denunciar “según la cara del cliente” no parece muy coherente. Tampoco habla de honestidad intelectual, lo mínimo que se pretende de quienes se autodenominan “personas de bien”.